El Parlament aprueba la primera Ley del Tercer Sector Social de Cataluña

El Parlament de Cataluña ha aprobado la primera Ley del Tercer Sector Social. La nueva norma reconoce institucionalmente la labor de las entidades sociales y refuerza su papel como agentes esenciales para garantizar derechos, cohesión social y bienestar en todo el país.

La ley, aprobada con un amplio consenso parlamentario, regulará las entidades que integran el tercer sector social de Cataluña, reconoce su función en los diferentes ámbitos de intervención y establece nuevos instrumentos de colaboración con las administraciones públicas.

Un sector clave para la cohesión social

El tercer sector social llega actualmente a más de dos millones de personas en Cataluña (una de cada cuatro) gracias a una red formada por más de 120.000 profesionales y más de medio millón de personas voluntarias.

La nueva ley define al tercer sector social como el conjunto de entidades privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, sede en Cataluña y nacidas de la iniciativa ciudadana, que desarrollan actividades de interés general con criterios de transparencia, participación y compromiso social.

Más participación e interlocución con las instituciones

Entre los aspectos más destacados de la norma se encuentra el reconocimiento del derecho de las entidades a participar en la elaboración de políticas públicas y en los procesos de decisión vinculados a su ámbito de actuación. La ley quiere reforzar la participación activa del tercer sector en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de atención a las personas en situación de vulnerabilidad, así como consolidar una relación de interlocución estable y corresponsabilidad con las administraciones públicas.

También incluye la creación del Consejo de Diálogo Civil de Catalunya como espacio estable de interlocución entre el Govern y las entidades sociales.

Nuevos instrumentos de colaboración con la administración

La nueva ley refuerza también los mecanismos de colaboración entre la Administración y el tercer sector, especialmente a través de fórmulas como la acción concertada social y la gestión delegada, con el objetivo de garantizar servicios de calidad y una respuesta más cercana a las necesidades de la ciudadanía.

En este sentido, el texto establece la concertación social como forma preferente de relación con las administraciones, aunque la regulación específica de los instrumentos de provisión de servicios sociales se desarrollará en la futura ley impulsada por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.

Reconocimiento histórico

La consejera de Derechos Sociales e Inclusión ha destacado «el reconocimiento histórico que representa esta ley en el trabajo sostenido durante años por parte de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, La Confederación y el conjunto de entidades sociales que han impulsado esta nueva ley y el compromiso a lo largo de todo este proceso», así como «la disposición al consenso de los grupos parlamentarios». En este sentido, ha asegurado que «en el momento político actual, ponerse de acuerdo es un acto de responsabilidad, y hoy el Parlamento lo ha ejercido».

La nueva norma también incorpora medidas para avanzar hacia una financiación más estable y estructural de las entidades sociales. Por primera vez, se regula la financiación estable de las entidades representativas del tercer sector y se refuerzan las subvenciones estructurales para mejorar el soporte económico y la sostenibilidad de las entidades.

La ley también incluye medidas orientadas a la mejora de las condiciones laborales de las profesionales del sector social y fija el objetivo de avanzar progresivamente hacia la equiparación con el sector público, en línea con los acuerdos impulsados ​​recientemente por el Gobierno para reforzar y dignificar al sector social.

Además, la nueva regulación contempla la creación de un censo público de entidades del tercer sector social, con el objetivo de reforzar la transparencia, el reconocimiento institucional y la seguridad jurídica del conjunto del sector.

Por último, la consellera ha remarcado que esta ley «da reconocimiento, estabilidad y mayor capacidad de colaboración entre las instituciones y las entidades sociales», y consolida el tercer sector social como «un aliado imprescindible de las políticas públicas y un pilar fundamental del Estado del bienestar».

La norma incluye también el compromiso de que el Gobierno establezca oficialmente el Día del Tercer Sector Social de Cataluña, que se conmemorará anualmente como reconocimiento a la contribución imprescindible de las entidades sociales en el país.

Un modelo de país basado en la colaboración y la comunidad

La aprobación de esta ley representa un paso adelante en la construcción de un modelo de país que entiende la colaboración entre administración y sociedad civil como herramienta imprescindible para garantizar derechos y oportunidades.

«Creo en un Estado del bienestar fuerte. Y para construirlo necesitamos hacerlo juntos: administración y sociedad civil, políticos y entidades, instituciones y personas», ha concluido la consellera.